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NULIDAD RADICAL POR INCUMPLIMIENTO DE NORMAS IMPERATIVAS

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En la Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de diciembre de 2009, número 834/2009, Rec. 407/2006, razona el Alto Tribunal al tratar sobre la desestimación de los motivos undécimo y duodécimo del Recurso Extraordinario por Infracción Procesal (páginas 82 y siguientes), bajo el siguiente tenor literal:

 

Dicho motivo se funda, en síntesis, en que la actora ejercita la acción de nulidad de las compraventas de acciones bajo la invocación genérica del artículo 6 CC por infracción del artículo 79 LMV y normativa de desarrollo contenida en el Código General de conducta de los mercados de valores que se invocan como infringidos no en la demanda sino en la apelación, pero según la jurisprudencia la sanción de nulidad no se reputa doctrinalmente aplicable a supuestos de vulneración de normas administrativas.

 

El motivo debe ser desestimado.

 

No es aceptable la afirmación de la parte recurrente en el sentido de que la infracción de normas administrativas no puede dar lugar a la nulidad de un contrato, pues esta Sala, en aplicación del artículo 6.3 CC, invocado como infringido, tiene declarado que cuando, analizando la índole y finalidad de la norma legal contrariada y la naturaleza, móviles, circunstancias y efectos previsibles de los actos realizados, la normativa administrativa resulta incompatible con el contenido y efectos del negocio jurídico deben aplicarse las pertinentes consecuencias sobre su ineficacia o invalidez (STS 25 de septiembre de 2006) y no es obstáculo a la nulidad que la prohibición administrativa no tenga carácter absoluto (STS de 31 de octubre de 2007)

 

Por tanto, aquéllas previsiones, orientadas a regular la actividad de las entidades de servicios de inversión, no constituyen sino la concreción y desarrollo de las normas de conducta impuestas legalmente a estas entidades, que transcienden el ámbito meramente reglamentario y administrativo para integrar el contenido obligacional de la relación contractual entre la entidad y el cliente; de ahí que tales disposiciones deban servir, con independencia de su efectiva vigencia (nos referimos en este punto a la jurisprudencia que viene declarando que deberá interpretarse la normativa pre-MIFID con arreglo, precisamente, a esas mismas finalidades y espíritu garante para con el cliente minorista; dado que aun cuando la normativa MIFID no estuviera en vigor al tiempo de celebrarse los contratos “sus principios han de servir como referente a la hora de interpretar y aplicar las normas internas que sí lo estaban”; STS, Pleno, de 20 de enero de 2014), como referente a la hora de verificar el cumplimiento de las normas de conducta y de las obligaciones impuestas a las entidades de inversión en el marco de esta relación contractual, utilizándose como instrumento para establecer el estándar de información, transparencia, imparcialidad, diligencia y buena fe que conforman el contenido de tales obligaciones.

 

Debe retenerse que, como indica la Sentencia del Tribunal Supremo, también Pleno, de 18 de abril de 2013, la obligación de información es una obligación activa, no de mera disponibilidad, y que no admite trasladar las consecuencias de su incumplimiento al cliente inversor:

 

La confianza que caracteriza este tipo de relaciones negociales justifica que el cliente confíe, valga la redundancia, en que el profesional al que ha hecho encargo de asesorarle y gestionar su cartera le ha facilitado la información completa, clara y precisa. Sin conocimientos expertos en el mercado de valores, el cliente no puede saber qué información concreta ha de demandar al profesional. Al cliente que ha comunicado al profesional que desea inversiones con un perfil de riesgo muy bajo no puede perjudicar que no haya indagado sobre el riesgo que suponían los valores cuya adquisición le propone dicho profesional, porque no le es jurídicamente exigible

 

En términos análogos se pronunció también nuestro Tribunal Supremo en su Sentencia de 17 de abril de 2013.

 

Jaime Rodríguez-Piñero Cebrián

Socio Abogado

 

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