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LA CAUSA DE LOS CONTRATOS

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El artículo 1274 Código Civil establece que en los contratos onerosos se entiende por causa, para cada parte contratante, la prestación o promesa de una cosa o servicio por la otra parte, en los remuneratorios, el servicio o beneficio que se remunera, y en los de pura beneficencia, la mera libertad del bienhechor.

 

El citado precepto distingue los conceptos de causa para cada uno de los contratantes, por  lo que como causa del contrato, en realidad, lo que hace es definir la causa de las obligaciones contraídas, por cada parte, en los contratos onerosos y remuneratorios con referencia, finalmente, a los contratos de pura beneficencia o gratuitos de carácter unilateral, lo que eleva la causa de la obligación a causa del contrato. El precepto actúa así como tránsito entre el artículo 1261 Código Civil, en lo que concierne a la causa de las obligaciones y los sucesivos que se refieren a la causa, desde una perspectiva objetiva y de unidad conceptual de la causa del contrato, por encima de cada parte.

 

La causa como razón de ser del contrato se identifica con el propósito último y coincidente que conduce a las partes a su celebración y, asimismo con dicho propósito transcendido como fin práctico del negocio, reconocido por el ordenamiento jurídico como signo de tutela, definiendo los contratos accesorios como aquéllos que imponen prestaciones recíprocas entre las partes con desplazamientos patrimoniales para cada una, dentro de una función generalmente de intercambio; pues en los contratos aleatorios, que son también onerosos, tal elemento conmutativo desaparece ya que el resultado previsto del contrato depende del alea o suerte. El artículo 1274 Código Civil muestra claramente en su primer inciso, referido a estos contratos, que la causa tiene un origen dual pues menciona la causa de cada parte contratante, consistente en la prestación o promesa de una cosa o servicio por la otra parte, con referencia, por tanto, más que a la causa del contrato a la causa de las obligaciones.

 

La jurisprudencia de nuestros Tribunales puso de relieve, desde antiguo (STS 23 de noviembre de 1963), que la disciplina jurídica de la causa es una de las cuestiones más obscuras y lleva de “equívocas polisemias del Derecho de obligaciones y contratos”. En principio, la jurisprudencia considera como causa del negocio la función económico-social que justifica que un determinado negocio jurídico reciba la tutela y protección del ordenamiento jurídico, de modo que la causa será la misma en cada tipo de negocio jurídico. Es por eso que el propósito ilícito buscado por ambas partes ha sido elevado por la jurisprudencia a categoría de causa ilícita determinante del contrato conforme al artículo 1275 Código Civil. Por tanto, el propósito perseguido por las partes ha de ser confrontado con la función económica y social en que consiste la causa de cada negocio, de modo que si hay coincidencia, el negocio es reconocido y protegido por el ordenamiento jurídico, pero si no la hay porque el propósito que se persigue es ilícito, tal protección no se otorgará y ese propósito se eleva a la categoría de causa ilícita determinante de la nulidad de pleno derecho del negocio jurídico.

 

En la Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de febrero de 2012, número 44/12, Rec. 93-09, EDJ 2012/43918 se recordaba que el concepto de causa que utiliza el Código Civil es el de causa objetiva abstractamente considerada, afirmando la Sentencia 21 de diciembre de 2009, número 852/09, EDJ 2009/ 307225, que:

 

… salvo los casos excepcionales en que el móvil se integra en la función objetiva del negocio jurídico, caso del móvil causalizado, el móvil subjetivo es intranscendente para el derecho, de tal forma que el móvil subjetivo es, en principio, una realidad extranegocial, a no ser que las partes lo incorporen al negocio. Ahora bien, para que el contrato sea eficaz, la causa, además de existir ha de ser licita, ya que en otro caso, de forma similar a otros ordenamientos…. Los contratos sin causa, o con causa ilícita, no producen efecto alguno

 

La licitud de la causa aparece así definida en relación con los límites inmanentes que a la libertad autonormativa fija el artículo 1255 Código Civil y, de forma similar a otros ordenamientos próximos como nos recuerda nuestro Alto Tribunal, en el segundo párrafo del artículo 1275 Código Civil al disponer que es “ilícita la causa cuando se opone a la leyes o a la moral”.

 

 

 

Jaime Rodríguez-Piñero Cebrián

Socio Abogado

 

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