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CLÁUSULA SUELO, ¿SÓLO INTERESA A PERSONAS FÍSICAS?

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Los consumidores, tras la celebérrima Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala), de 21 de diciembre de 2016, han anunciado su intención, capitaneados por los numerosos despachos que han adoptado el papel de altavoz de la indignación popular, de acudir sin miramientos a los Juzgados y Tribunales (no antes, ya, de los plazos, ni al margen de los cauces, regulados en el RDL 1/2017, de 20 de enero) para, con toda la razón argumental que les ofrece aquélla Resolución, reclamar el exceso de lo abonado en concepto de intereses variables (variables, sí, pero solo al alza) a la correspondiente Entidad Bancaria.

¿Interesa interponer a la persona jurídica, de forma responsable, esa misma reclamación a la Entidad Bancaria? Dada la ratio iuris que suele defenderse en estos procedimientos, lo primero que hay que cuestionar es si una persona jurídica goza de la condición de consumidora y, por tanto, le es aplicable la normativa que protege a los consumidores y usuarios. La respuesta viene de la mano del artículo 3 LGDCU, según el cual son consumidores o usuarios, a los efectos que ahora nos interesan, las personas jurídicas que actúen sin ánimo de lucro en un ámbito ajeno a una actividad comercial o empresarial. El acento habrá que ponerlo en el destino del importe recibido en préstamo, atreviéndonos a afirmar que la práctica unanimidad de las personas jurídicas que han acudido a financiación, y en su caso han sido víctimas de las cláusulas suelo, han destinado ese importe a la propia actividad mercantil. En ese caso, no es de aplicación la normativa tuitiva que protege a los consumidores y usuarios; pero como única consecuencia, como se señala en la Sentencia del Tribunal Supremo de 3 de junio de 2016, no les será de aplicación a esos préstamos hipotecarios suscritos por personas jurídicas el control de transparencia.

Ahora bien, expuesto cuanto antecede, para el supuesto de haberse firmado por una persona jurídica una hipoteca con cláusula suelo, ¿podríamos afirmar que nos encontramos en realidad ante una condición general de la contratación impuesta por la entidad bancaria en una pluralidad de contratos? Debemos remarcar que, en cualquier caso:

  1.  El requisito de la generalidad ha sido considerado innecesario por la jurisprudencia del Tribunal Supremo.
  2.  Que no es óbice a la consideración de condición general de la contratación que el adherente sea un profesional.

Así, tratándose de un adherente no consumidor o profesional, cabe el control jurisdiccional de la cláusula suelo, como señalan tanto la Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de mayo de 2013, como la reciente de 6 de junio de 2016. Lo que no cabe es el llamado control cualificado o control de transparencia. El parámetro de control se hará, pues, por la vía de su incorporación, su eventual negociación individual a propósito de su inclusión, debiendo haberse expresado en la escritura con claridad que en realidad se contrata un interés tipo mínimo y variable al alza para que supere ese control de nulidad. Además, deberá analizarse si la cláusula es contraria al principio de buena fe que genera una legítima expectativa en el contrato entre las partes y veda un desequilibrio entre las prestaciones, derechos y obligaciones; desequilibrio que sin duda produce la cláusula suelo.

El estudio de cada escritura y las concretas negociaciones que se hubieran desarrollado en cada caso permitirá asumir si cada supuesto concreto e individual es susceptible de reclamación por esa vía de doble control: inclusión y buena fe; pudiendo resultar, pues, plenamente justificada y viable la reclamación por la persona jurídica de la nulidad de la cláusula suelo con todos los efectos económicos a esa declaración inherentes.

 

 

Jaime Rodríguez-Piñero Cebrián

Socio Abogado

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