Civil, mercantil y concursal

phone icon+34 913 593 200
divider

Archive



RESOLUCIÓN DGRN DE 1 DE AGOSTO DE 2016

/ 0 Comments

Cancelación registral de las sociedades carentes de patrimonio

 

La Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 1 de agosto de 2016 abordó el tratamiento que debe aplicarse a la disolución, liquidación y extinción de las sociedades de capital que carecen, aparentemente, de patrimonio con el que satisfacer a sus acreedores. Esta problemática ha permitido a varios autores[1] cuestionarse la discutida personalidad jurídica de las sociedades de capital disueltas, liquidadas y extinguidas.

La Resolución citada resuelve un recurso presentado frente a una calificación ofrecida por el Registrador Mercantil de Pontevedra, respecto a una escritura de liquidación de sociedad de responsabilidad limitada en cuyo balance final de liquidación figura un único acreedor, no satisfecho, y la declaración del liquidador, sin que conste traslado de la misma o comunicación al citado acreedor, de no existir activo o bienes suficientes con los que saldar esa deuda.

En esta ocasión, la DGRN modifica su criterio seguido en la Resolución de 2 de julio de 2012, que remitía la solución de estos supuestos a la legislación concursal vigente tras la reforma operada por la Ley 38/2011, de 10 de octubre, y retoma su anterior opinión obrante en las Resoluciones de 13 de abril de 2000 y 29 de abril de 2011.

La DGRN acuerda estimar el recurso interpuesto por la sociedad afectada por la calificación negativa del Registrador de Pontevedra y, en definitiva, acuerda la inscripción de la liquidación, disolución y extinción de la sociedad que, contando con un único acreedor insatisfecho, manifiesta a través de su liquidador carecer de activos. Conviene destacar que esa misma mercantil procuró con carácter previo a su liquidación ser declarada en concurso voluntario de acreedores, rechazando el Juzgado competente esa declaración.

La controversia se centra en cómo proceder a los efectos de extinguir una sociedad mercantil cuando ésta carece de activos que pueda destinar a satisfacer a sus acreedores. El debate se centra en optar, pues, por un proceso de liquidación y extinción registral –tutelando ese proceso desde la Ley de Sociedades de Capital, con las evidentes lagunas en lo que a la protección de los acreedores se refiere respecto de este proceso, y el sobresfuerzo interpretativo referido a la necesidad de contar con activos las sociedades que acuerden su disolución y liquidación-; o, por el contrario, deber o poder acudir a la vía concursal, mediando intervención de Juez Mercantil –con todos los problemas interpretativos, en especial respecto a la eventual existencia de un único acreedor insatisfecho y la imposibilidad de declarar el concurso de la sociedad deudora de un único acreedor, lo que buena parte de la doctrina mayoritaria, a la que me sumo, rechaza por defecto.

Las posiciones a favor y en contra de una u otra opción encuentran, como hemos apuntado anteriormente, argumentos con los que defender sus tesis, sin que ninguna resulte totalmente concluyente. Y ello aunque, ciertamente, resulte más convincente la sostenida ahora por la DGRN.

La problemática descrita trató de encontrar solución en el año 2012 a través de la Sección Segunda de la Comisión General de Codificación. En ese año la sección de Derecho mercantil de la comisión General de Codificación encomendó a la Ponencia de Derecho, conscientes de la inexistencia de previsiones normativas en el TRLSC que abordaran este asunto, que completara el régimen del Título VI, Libro II, del citado Texto Refundido.

Aunque el proyecto y su regulación quedó sancionado negativamente por el dictamen emitido por el Consejo de Estado de 29 de enero de 2015, estimándose una “vulneración del derecho constitucional a la tutela judicial efectiva” en varias propuestas, sería conveniente retomar dicha iniciativa e impulsar la adopción de aquéllas medidas –i.e., depósito de la escritura de liquidación y disolución con informe completo de las operaciones de liquidación realizadas que se depositaría en el Registro; posibilidad de su impugnación por acreedor o acreedores insatisfechos; sometimiento de la escritura al informe de dos expertos independientes que en plazo de dos meses emitieran dictamen sobre la eventual existencia de acciones rescisorias o culpabilidad del concurso, etc.-, que fueron propuestas con el objetivo de regular la situación sobre la que ha resuelto la Resolución que comentamos.

Read More


separator