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La indemnización en el contrato de Agencia

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El artículo 17.2.a) de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas de 18 de diciembre de 1986, relativa a la coordinación de los derechos de los estados miembros en lo referente a los Agentes Comerciales independientes (86/653/CEE), establece el derecho del agente comercial, tras la terminación del contrato, a una indemnización o compensación económica siempre que hubiera aportado nuevos clientes al empresario o hubiere desarrollado sensiblemente las operaciones con los clientes preexistentes, cuando dicha actividad pueda reportar todavía ventajas sustanciales al empresario y el pago de dicha indemnización fuese equitativo. Dicha normativa fue introducida en nuestro ordenamiento jurídico en el artículo 28 Ley 12/1992.

 

La Sentencia del Tribunal Supremo de 7 de abril de 2003 establece que la jurisprudencia de esa Sala viene declarando que la carga de la prueba de los presupuestos de la indemnización por clientela en el contrato de agencia corresponde a la parte que reclama la indemnización postcontractual (véanse SSTS de 16 de noviembre de 2000; 28 de enero de 2002 y 27 de enero de 2003, entre otras muchas).

 

La justificación de dicho derecho a indemnización nace, indudablemente, no ya de un enriquecimiento del empresario, que en cualquier caso no se encuentra carente de causa, sino más bien del hecho de que lo que hasta el momento de la extinción supone un enriquecimiento compartido por empresario y agente, pasa exclusivamente a favor del primero, que vendría a aprovechar, ahora en exclusiva, el fruto del esfuerzo compartido.

 

En todo caso, las anteriores Sentencias del Tribunal Supremo establecen como requisitos necesarios para el nacimiento de tal derecho:

 

  • Que el agente haya aportado nuevos clientes o, aunque tal aportación no se haya producido, que haya incrementado sensiblemente las operaciones con la clientela preexistente. Dicho requisito ha de ser interpretado en el sentido de que el incremento de operaciones constituye un elemento necesario y común a ambos supuestos, pues carecería de razón en caso contrario y daría lugar paradójicamente al nacimiento del derecho cuando se han perdido más clientes de los que se han aportado.

 

  • Que la actividad anterior pueda continuar produciendo ventajas sustanciales al empresario. Importa destacar que para que pueda estimarse concurrente este requisito es preciso demostrar que concurre la situación de aprovechamiento, o de pronóstico razonable, es decir, los datos o elementos que permitan sentar el juicio de probabilidad cualificada, pues, como reitera la doctrina del Alto Tribunal, no puede presumirse sin más el aserto, incumbiendo el onus probando al agente que lo sostiene.

 

  • Que la indemnización resulte equitativamente procedente por la existencia de pactos de limitación de competencia, por las comisiones que pierda el agente o por las demás circunstancias que concurran.

 

Los referidos requisitos, según se desprende del tenor literal de la Ley, han de concurrir de forma acumulativa. Tales requisitos, incluso antes de la promulgación de la Ley 12/1992, de 27 de mayo, que procura la incorporación al Derecho español del contenido de la Directiva 86/653/CEC, de 18 de diciembre de 1986, han sido reconocidos por la jurisprudencia del Tribunal Supremo en Sentencias, entre otras, de 22 de marzo de 1988, 17 de marzo y 27 de mayo de 1993; 25 de enero de 1996; y 14 de febrero y 31 de diciembre de 1997.

 

En ese mismo sentido se pronuncia la luminosa Sentencia del Tribunal  Supremo, Sala 1ª, de 26 de junio de 2007:

 

La pretensión de indemnización de clientela prevista en el art. 28 LCA tampoco puede ser estimada porque… la prosperidad de la solicitud, aparte de la extinción del contrato sin concurrencia de supuesto de exclusión, exige acreditar los presupuestos establecidos en el art. 28 LS, a saber: a) captación de nuevos clientes o incremento sensible de las operaciones de la clientela preexistente; b) que la actividad anterior pueda continuar produciendo ventajas sustanciales al empresario, lo que ha sido ponderado por la jurisprudencia como un pronóstico razonable de aprovechamiento económico; y c) que la compensación resulte equitativamente procedente por la existencia de pactos de limitación de competencia, por las comisiones que pierda el agente o por las demás circunstancias que concurran… El art. 28 LCA se infringe si, dados los hechos históricos concordantes con los abstractos normativos, no se aplica el efecto jurídico correspondiente, pero no hay violación cuando falta la base fáctica a subsumir en el precepto

 

La indemnización por clientela trata, en definitiva, de remunerar o compensar una labor de creación de clientela; y se hace referencia a la susceptibilidad por el empresario de poder continuar disfrutando y favoreciéndose de la misma. Por otro lado, la ponderación equitativa a que hace referencia la norma se refiere tanto a la procedencia de la indemnización como a la determinación de su cuantía valorando las circunstancias concurrentes y tipificadas.

 

 

 

 

 

Jaime Rodríguez-Piñero Cebrián

Socio – Abogado

 


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LA CAUSA DE LOS CONTRATOS

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El artículo 1274 Código Civil establece que en los contratos onerosos se entiende por causa, para cada parte contratante, la prestación o promesa de una cosa o servicio por la otra parte, en los remuneratorios, el servicio o beneficio que se remunera, y en los de pura beneficencia, la mera libertad del bienhechor.

 

El citado precepto distingue los conceptos de causa para cada uno de los contratantes, por  lo que como causa del contrato, en realidad, lo que hace es definir la causa de las obligaciones contraídas, por cada parte, en los contratos onerosos y remuneratorios con referencia, finalmente, a los contratos de pura beneficencia o gratuitos de carácter unilateral, lo que eleva la causa de la obligación a causa del contrato. El precepto actúa así como tránsito entre el artículo 1261 Código Civil, en lo que concierne a la causa de las obligaciones y los sucesivos que se refieren a la causa, desde una perspectiva objetiva y de unidad conceptual de la causa del contrato, por encima de cada parte.

 

La causa como razón de ser del contrato se identifica con el propósito último y coincidente que conduce a las partes a su celebración y, asimismo con dicho propósito transcendido como fin práctico del negocio, reconocido por el ordenamiento jurídico como signo de tutela, definiendo los contratos accesorios como aquéllos que imponen prestaciones recíprocas entre las partes con desplazamientos patrimoniales para cada una, dentro de una función generalmente de intercambio; pues en los contratos aleatorios, que son también onerosos, tal elemento conmutativo desaparece ya que el resultado previsto del contrato depende del alea o suerte. El artículo 1274 Código Civil muestra claramente en su primer inciso, referido a estos contratos, que la causa tiene un origen dual pues menciona la causa de cada parte contratante, consistente en la prestación o promesa de una cosa o servicio por la otra parte, con referencia, por tanto, más que a la causa del contrato a la causa de las obligaciones.

 

La jurisprudencia de nuestros Tribunales puso de relieve, desde antiguo (STS 23 de noviembre de 1963), que la disciplina jurídica de la causa es una de las cuestiones más obscuras y lleva de “equívocas polisemias del Derecho de obligaciones y contratos”. En principio, la jurisprudencia considera como causa del negocio la función económico-social que justifica que un determinado negocio jurídico reciba la tutela y protección del ordenamiento jurídico, de modo que la causa será la misma en cada tipo de negocio jurídico. Es por eso que el propósito ilícito buscado por ambas partes ha sido elevado por la jurisprudencia a categoría de causa ilícita determinante del contrato conforme al artículo 1275 Código Civil. Por tanto, el propósito perseguido por las partes ha de ser confrontado con la función económica y social en que consiste la causa de cada negocio, de modo que si hay coincidencia, el negocio es reconocido y protegido por el ordenamiento jurídico, pero si no la hay porque el propósito que se persigue es ilícito, tal protección no se otorgará y ese propósito se eleva a la categoría de causa ilícita determinante de la nulidad de pleno derecho del negocio jurídico.

 

En la Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de febrero de 2012, número 44/12, Rec. 93-09, EDJ 2012/43918 se recordaba que el concepto de causa que utiliza el Código Civil es el de causa objetiva abstractamente considerada, afirmando la Sentencia 21 de diciembre de 2009, número 852/09, EDJ 2009/ 307225, que:

 

… salvo los casos excepcionales en que el móvil se integra en la función objetiva del negocio jurídico, caso del móvil causalizado, el móvil subjetivo es intranscendente para el derecho, de tal forma que el móvil subjetivo es, en principio, una realidad extranegocial, a no ser que las partes lo incorporen al negocio. Ahora bien, para que el contrato sea eficaz, la causa, además de existir ha de ser licita, ya que en otro caso, de forma similar a otros ordenamientos…. Los contratos sin causa, o con causa ilícita, no producen efecto alguno

 

La licitud de la causa aparece así definida en relación con los límites inmanentes que a la libertad autonormativa fija el artículo 1255 Código Civil y, de forma similar a otros ordenamientos próximos como nos recuerda nuestro Alto Tribunal, en el segundo párrafo del artículo 1275 Código Civil al disponer que es “ilícita la causa cuando se opone a la leyes o a la moral”.

 

 

 

Jaime Rodríguez-Piñero Cebrián

Socio Abogado

 


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