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LA HIPÓTESIS DEL AUTOCONTRATO

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El análisis del autocontrato debe abordarse desde tres premisas a tomar en consideración con carácter previo:

  1. Es una figura fundamentalmente elaborada por la doctrina y la jurisprudencia, ya que se encuentra escasamente regulada en nuestro ordenamiento jurídico. No existe en nuestras leyes una prohibición general del autocontrato, aunque sí prohibiciones concretas: los artículos 162, 163, 221, 299 y 1459 del Código Civil, o artículos 267 y 288 del Código de Comercio.
  2. Inicialmente se negó la licitud del autocontrato, en base al argumento de que el contrato necesita el concurso de dos o más voluntades. No obstante, esta objeción se encuentra superada por la doctrina actual, ya que si bien es cierto que en el autocontrato no concurren dos personas, sí lo hacen dos partes contratantes y dos voluntades, la propia y la del representado. Por lo que hay que dejar claro que el autocontrato, sin más, está admitido. Lo prohibido será el autocontrato ilícito por existir conflicto de intereses. Como nos dice la reciente RDGRN, de 13 de febrero de 2012:  “… el tratamiento jurídico de rigor que sufre la llamada autocontratación no se debe a obstáculos conceptuales o de carácter dogmático, sino a razones materiales de protección de los intereses en juego (dada la necesaria defensa de los intereses de los representados en que se produce el conflicto de intereses por corresponder a una misma persona la representación de intereses contrapuestos)…
  3.  La doctrina del autocontrato prohibido es aplicable a la representación voluntaria, legal y orgánica.

En sentido descriptivo, hay autocontrato o contrato condigo mismo cuando en un negocio jurídico una de las partes es representada por una persona que al mismo tiempo interviene en su propio nombre y derecho, como contraparte (autocontrato); o bien ambas partes contratantes son representadas por la misma persona (doble representación); o, en fin, tratándose de un contrato plurilateral varias partes son representadas por una misma persona (múltiple representación).

 

En materia de sociedades, o a través de una representación orgánica, la autocontratación existirá, pues, cuando una persona intervenga en nombre propio y como representante orgánico o voluntario de una sociedad, o bien cuando ostente la representación de dos o más sujetos en caso de doble o múltiple representación. La justificación de su prohibición descansa en caso de los administradores en el artículo 226 TRLSC, que ordena que los administradores desempeñen su cargo como un representante leal en defensa del interés social.

 

La situación que subyace en la regulación fragmentaria de la autocontratación en nuestro ordenamiento jurídico es el conflicto o contraposición de intereses que se produce entre el representante y el o los representados. Sin embargo, tampoco existe en el ordenamiento jurídico español un régimen jurídico general de los conflictos de intereses. En consecuencia, no existe una definición de lo que deba entenderse legalmente por conflicto de intereses.

 

En una primera aproximación, podrá decirse que habrá conflicto de intereses siempre que en una determinada situación existan posiciones jurídicas contrapuestas, de tal manera que, el provecho de una, necesariamente tenga que obtenerse en detrimento de la otra. En ese sentido, existirá conflicto de intereses en todos los contratos onerosos en los que, por definición, existen dos posiciones enfrentadas en los términos que hemos indicado[1]. Claramente se producirá esa confrontación de intereses, pues, en los contratos de cambio, como la compraventa o la permuta.

 

La expresión conflicto de intereses, además, se contiene en la confrontación o colisión que se manifiesta con unas características especiales: debido a la consideración de uno de los intereses en juego como superior, preferente o más digno de protección que el otro. Así, existirá un conflicto de intereses en aquéllas situaciones en las que el sujeto no puede actuar tomando en consideración únicamente su interés personal, sino que en su actuación se encuentra vinculado o, incluso, constreñido, por otro interés que el ordenamiento jurídico ha considerado preferente, bien por estar más necesitado de protección, bien por razón de orden público, o simplemente porque así lo había asumido previa y voluntariamente el propio sujeto actuante.

 

En definitiva, la situación de conflicto de intereses supondrá una restricción o limitación del ámbito de la libertad individual y de la autonomía de la voluntad del agente, que no podrá realizar válidamente lo que crea que es mejor para la satisfacción de su interés individual, sino que deberá sacrificar este último en beneficio del interés o posición jurídica preferente que legal o negocialmente le vincula.

 

[1] En todos los contratos que sean de naturaleza onerosa, como la compraventa, con obligaciones recíprocas o sinalagmáticas, el juego mismo de la estructura onerosa del contrato determina que entren en contradicción los intereses de ambas partes.

 

Jaime Rodríguez-Piñero Cebrián

Socio Abogado


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