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LA DERIVACIÓN DE RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA AL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN SOCIAL

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La derivación de responsabilidad tributaria resulta una figura esgrimida de forma recurrente por la Administración Tributaria, en cualquier ámbito societario –ya sea concursal, ya sea en el propio proceso liquidatorio-, con el único objetivo de obtener el cobro de las deudas tributarias impagadas por las sociedades de capital. Y, por desgracia, se ha patentizado un régimen de responsabilidad objetivo en vía administrativa que, sin duda, no resulta respaldado por lo previsto en la vigente Ley General Tributaria.

 

No puede olvidarse que el propio Tribunal Supremo, al abordar el problema de la responsabilidad de los administradores o liquidadores por falta de cumplimiento por la sociedad por ellos administrada de las obligaciones que sobre ésta pesaren, hace descansar tal responsabilidad en la falta de diligencia que puede presumirse o predicarse de aquéllos, cuando en el supuesto de insolvencia no han adoptado las medidas pertinentes, instando bien la disolución y liquidación, o concurso de acreedores, y obrando de forma ordenada bajo el respeto del principio pars conditio creditorum y del orden de pago de los créditos según su clasificación.

 

Pero, y ello es lo relevante, se debe acreditar por la Administración en todo caso que se actuó por el órgano societario de forma, cuanto menos, no diligente. Ese principio de prueba y su ausencia de motivación resulta, prácticamente, una constante en cualesquiera acuerdos de derivación de responsabilidad tributaria dictados en vía administrativa por el correspondiente órgano recaudador.

 

En el ámbito sancionador rige la presunción de inocencia, por lo que es la Administración Tributaria la que asume la carga, ex art. 105 LGT, de probar la culpabilidad del presunto infractor, debido a que su actuación se presume realizada de buena fe. El principio de culpabilidad constituye un elemento básico a la hora de calificar la conducta de una persona como sancionable, es decir, es un elemento esencial de toda responsabilidad tributaria.

 

Debe rechazarse, de esta forma, el automatismo al declarar la responsabilidad que se patentiza en la fundamentación de la mayoría de los acuerdos dictados por la administración correspondiente, pues ello, insistimos, significa desterrar el elemento esencial de culpabilidad, invertir la carga de la prueba, soslayar el principio de presunción de inocencia e incorporar el criterio de responsabilidad objetiva, proscrito tanto legal como jurisprudencialmente.

 

La mera constatación fáctica de concurrir un supuesto de responsabilidad tributaria no puede ser el resultado, poco menos que obligado, de cualquier incumplimiento de las obligaciones tributarias a cargo de los contribuyentes. Precisamente por ello, no puede fundarse la existencia de infracción en la mera referencia al resultado de la regularización o presunción practicada por la Administración tributaria.

 

Es más, no se puede, por el mero resultado y mediante razonamientos apodícticos, sancionar; siendo imprescindible una motivación específica, en torno a la culpabilidad o negligencia, y las pruebas de las que éstas se infieren.

 

En definitiva, la apreciación de la culpabilidad en la conducta del sujeto responsable es una exigencia que surge directamente de los principios constitucionales de la seguridad jurídica y de legalidad, en cuanto al ejercicio de potestades sancionadoras de cualquier naturaleza.

 

 

Jaime Rodríguez-Piñero Cebrián

Socio Abogado

 


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