Civil, mercantil y concursal

phone icon+34 913 593 200
divider

Nuevo Reglamento Europeo sobre Procedimientos de Insolvencia

/ 0 Comments

En el mes de junio de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) el Reglamento europeo sobre procedimientos de insolvencia (R 2015/848, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, Texto Refundido).

Aunque este nuevo Texto Refundido conserva, precisamente, el modelo normativo de la versión anterior, el conocido Reglamento 1346/2000, introduce, no obstante, importantes novedades significativas orientadas tanto a completar lagunas de regulación, como a solventar imprecisiones interpretativas que la aplicación práctica de su predecesor había puesto de manifiesto.

La importancia del Texto viene dada por su artículo 84, que determina su aplicación a aquéllos procedimientos concursales que se declaren con posterioridad al 26 de junio de 2017. No obstante, a día de la fecha, nuestro sistema normativo concursal no está adaptado a distintos aspectos de los regulados en el Reglamento: i.e., régimen del control de oficio, y por  los acreedores, de la competencia internacional del Juez español, o figura equivalente en procedimientos que se abren sin que intervenga una autoridad judicial (art. 4.2 Reglamento), respecto de la ubicación del Centro de Intereses Principales (COMI por sus siglas en Inglés); o la solución al problema de la Ley Aplicable, artículos 11 y 13 Reglamento, a contratos sobre inmuebles y, especialmente, contratos de trabajo, pues su implementación requerirá ciertas modificaciones legislativas para determinar, también, la autoridad competente para conocer de los efectos del concurso del deudor con COMI en otro estado miembro sobre aquéllos contratos sobre trabajadores sujetos normativamente a nuestro derecho nacional y como excepción a la lex fori concursus.

En cualquier caso, las novedades más relevantes del Reglamento pueden resumirse en cinco puntos:

(i) extiende su ámbito de aplicación a los procesos que podemos denominar pre-concursales o para-concursales, cuya finalidad es prevenir la insolvencia del deudor (resulta meramente doctrinal la discusión sobre la aplicación del reglamento a los acuerdos homologados al amparo de la D.A. 4ª Ley Concursal, al ser un procedimiento incluido en el Anexo A del Reglamento);

(ii) aclara el concepto de COMI (en orden a evitar el fórum shopping);

(iii) refuerza el papel del procedimiento principal respecto a los procedimientos secundarios que hubieren podido ser declarados al mismo deudor;

(iv) establece reglas sobre información y publicidad de los procedimientos de insolvencia dentro de la Unión Europea; y

(v) incluye un nuevo capítulo referido a los concursos de grupos de sociedades (aunque sigue sin permitirse la acumulación internacional de concursos cuando los deudores tuvieren sus COMI en distintos Estados Miembros, sí introduce un desarrollo normativo sobre cooperación y coordinación entre los procedimientos).

Interesa destacar, finalmente, que resulta una norma de eficacia directa, pero la aplicación de algunos de sus preceptos, como hemos advertido, va a requerir más reformas en la Ley Concursal que, en su momento, serán ser objeto de análisis y comentario.

 

 

Jaime Rodríguez-Piñero Cebrián

Abogado – Socio


separator


Incumplimiento del constructor: Los supuestos

/ 0 Comments

El tratamiento del incumplimiento del constructor en el Código Civil está articulado siguiendo la posición tradicional romanista, sobre la base de distinguir las dos obligaciones del mismo a las que nos referiremos a continuación: la obligación de entrega de un resultado cierto y la de garantía por vicios o defectos. De esta forma, la falta de entrega, incluyendo la extemporánea, o la entrega de cosa distinta de la pactada (prestación diversa o, el conocido, aluid pro alio) constituye un incumplimiento de la obligación de entrega.

 

Por su parte, cuando se verifica la entrega, pero adoleciendo de algún defecto o de menor calidad que la pactada, se trata de un incumplimiento de la obligación de garantía que, por derivar del contrato de obra, tiene como objetivo asegurar al adquirente la posesión de una cosa que sirva para el fin al que está destinada.

 

En la doctrina tradicional estas dos modalidades de incumplimiento se explicaban sobre la base de que en el primer caso (incumplimiento de la obligación de entrega) se produce un verdadero incumplimiento del contrato que da derecho al perjudicado a accionar conforme prescribe el artículo 1124 CC, mientras que en el segundo existe entrega de la cosa, pero con un incumplimiento no radical del contrato, por lo que no habría falta de cumplimiento sino mal cumplimiento, o defectuoso como decíamos anteriormente, de la obligación de entrega[i].

 

La consideración de un supuesto de hecho dentro de una u otra categoría de incumplimiento lleva consigo la aplicación de un distinto régimen jurídico, lo que en la praxis de nuestros Tribunales de Justicia se ha convertido en una cuestión central y recurrente, dadas las enormes diferencias que separan una y otra modalidad de incumplimiento.

 

Así, en el régimen general de incumplimiento, asisten al comprador las acciones de cumplimiento y resolutoria del analizado artículo 1124 CC, en cambio en aquéllos supuestos de defectuoso cumplimiento, asisten las acciones reguladas en el ya estudiado artículo 1101 CC.

 

En el curso de una relación contractual sinalagmática, como es el contrato de arrendamiento de obras, en el que las obligaciones de una de las partes es causa de las recíprocas, rige el principio de cumplimiento recíproco expresado en los artículos 1100 y 1274 CC. A fin de cuentas, si la causa es un elemento esencial de las obligaciones, ex art. 1261.3 CC, y si en los contratos onerosos, como es el de arrendamiento de obra, la prestación del contratista es la causa de la obligación de pago del comitente, sólo el incumplimiento grave de la obligación determinará la aplicación del régimen previsto en el artículo 1124 CC, mientras que la responsabilidad por el cumplimiento defectuoso, como venimos sosteniendo, deberá articularse a través del cauce previsto en el artículo 1101 CC.

 

[i] En ese sentido se pronuncia Langle y Rubio, “Contrato de compraventa”, páginas 73 a 75.

 

Jaime Rodriguez – Piñero Cebrián

Abogado – Socio


separator


Responsabilidad extracontractual eventual del constructor

/ 0 Comments

Al hilo de lo expuesto en nuestro anterior artículo, consideramos conveniente hacer una breve referencia a la posible aplicación jurídica del régimen de responsabilidad extracontractual del constructor. Cabe preguntarse, en este sentido, si tras la entrada en vigor de la LEO puede acudir el perjudicado al régimen de responsabilidad extracontractual, ex arts. 1902 y 1910, para obtener reparación del agente de la edificación en caso de defectos constructivos.

 

Parte de la doctrina sostiene que la respuesta es positiva, aunque de modo limitado para los supuestos en que las demás normas en conflicto (LOE o, en su caso, artículos 1591 y 1101) no proporcionaren protección al perjudicado; de suerte que constituiría un residual, únicamente aplicable a tales supuestos. Este también sería el caso, por ejemplo, cuando el perjudicado no es un consumidor final a los efectos de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (en adelante, LGDCU) y, por tanto, no pueda beneficiarse del cauce de la LGDCU, pero hubiere descubierto daños en la construcción con posterioridad a la expiración de los plazos de garantía previstos en la LOE.

 

Así, el régimen de responsabilidad extracontractual permitiría al adquirente accionar por defectos una vez expirados los plazos de garantía de la LOE. La ventaja del destinatario de la acción es que el plazo para exigir responsabilidad extracontractual de un año se computa desde que el propietario tenga conocimiento del daño, ex art. 1968.2 CC, salvo en Cataluña, donde el plazo de prescripción para pretensiones derivadas de responsabilidad extracontractual es de tres años, ex art. 121-21 CCCat, y se computa desde que el propietario conozca o haya podido razonablemente conocer el daño, ex art. 121-23 CCCat. La desventaja radica en poder acreditar, lo que encuentría dificultad en nuestra opinión, que los daños sufridos provienen de defectos originarios de la construcción.

 

Aunque la cuestión suscita algunas dudas, partiendo de la naturaleza extracontractual del régimen de responsabilidad del promotor ex art. 17 LOE, o de figuras análogas, ex art. 2 LOE, cabe sostener que dicho precepto constituye una norma especial en materia de responsabilidad extracontractual, en cuyo ámbito de aplicación ha sustituido al régimen general contenido en los artículos 1902 y 1910 CC[i].

 

 

Jaime Rodríguez-Piñero Cebrián

Abogado – Socio

 

 

[i] No obstante, en sentido contrario se pronuncian autores como Ruiz Rico, José María “La LOE y el Código Civil: la responsabilidad civil en la Ley de ordenación de la edificación”, páginas 285 y 297 y siguientes.


separator


Responsabilidad contractual del constructor

/ 0 Comments

La jurisprudencia ha sostenido reiteradamente que el constructor un edificio que sufre defectos o vicios constructivos podía responder en virtud del artículo 1591 CC, pero también ha añadido que al margen de la responsabilidad decenal, y junto a ella, en tal caso existe un incumplimiento de la responsabilidad contractual del vendedor que entre sus obligaciones cuenta con la de entregar una construcción sin deficiencias, reclamables por vía del artículo 1101 CC o, dependiendo de la entidad que pueda cohonestarse con el incumplimiento, del artículo 1124 CC.

 

La jurisprudencia del Tribunal Supremo admite la compatibilidad de la acción por ruina funcional del artículo 1591 CC con las de incumplimiento o resolución contractual del artículo 1124 CC o incumplimiento o cumplimiento defectuoso del artículo 1101 CC[i]. De tal modo que el perjudicado puede optar por la acción que considere más conveniente a sus intereses, pues en ningún precepto legal se exige plantear una con carácter preferente a la otra[ii].

 

En el ejercicio de la acción por incumplimiento contractual resulta irrelevante la cuestión de si los defectos reclamados pueden o no considerarse como ruinógenos, toda vez que no resulta preciso acudir al régimen del artículo 1591 CC. Así, el contrato de obra también resulta incumplido aunque los defectos constructivos, por su entidad, no tuvieran esa consideración de ruinógenos.

 

El Ilustre tratadista Prendes Carril[iii] considera que por vía contractual se pueden reclamar supuestos de incumplimiento no amparados en el régimen actual de la LOE o, en su caso, el anterior régimen del artículo 1591 CC.

 

El Tribunal Supremo ha mantenido el mismo criterio que el tratadista mentado en sentencias posteriores al trabajo citado[iv], admitiendo respecto a los defectos de construcción que por exceder de las imperfecciones corrientes producen una violación del contrato o una inhabilidad del objeto, es decir, aquéllos desperfectos que tienen una cierta gravedad obstativa para el normal disfrute de la cosa con arreglo a su destino.

 

Una cuestión controvertida en la doctrina, que puede tener relevancia, es la relativa a si transcurridos los plazos de garantía ex art. 1591 CC se puede reclamar vicio o defectos constructivo por vía del incumplimiento contractual. La doctrina y jurisprudencia se encuentran divididas. Un sector doctrinal considera que sí es posible, pero en tal caso no serían de aplicación los beneficios que se conceden a la acción por vicios o defectos constructivos[v], en la que se posiciona Cadarso[vi], en sede del artículo 1591 CC y referido únicamente a la garantía decenal; así como Yzquierdo Tolsada[vii], Arnau Moya[viii] y Ruiz Rico[ix]. Otro sector doctrinal se muestra en contra de tal posibilidad, como es el caso de Gómez de La Escalera[x].

 

En cualquier caso, la jurisprudencia, de modo decidido[xi], y numerosos autores, han defendido que, ante la carencia de normativa específica en el contrato de obra que regule el régimen de responsabilidad ante el incumplimiento que no conlleve la ruina de la edificación, deben aplicarse las normas generales de la responsabilidad contractual, ex art. 1101 CC.

 

De seguirse esta teoría de aplicación de las reglas generales de la responsabilidad contractual, el plazo de ejercicio, al tratarse de una acción personal sin término específico para ejercitarla, sería de cinco años según el artículo 1964 CC, excepto en Cataluña, donde prescribe a los diez años[xii], contados desde la fecha en que el propietario conozca o pueda conocer razonablemente el incumplimiento[xiii].

 

Así, cuando la realidad acredita el incumplimiento de las calidades convenidas, aun reconociendo zonas limítrofes que pueden presentar alguna duda para su correcta calificación jurídica, no es un problema de vicio de la construcción, ni tampoco de saneamiento por vicios o defectos ocultos del artículo 1486 CC, sino el cumplimiento defectuoso o incumplimiento contractual por vulneración de los términos del contrato. Es decir, se trata de una cuestión estrictamente de relación contractual, inmersa dentro del cumplimiento de uno de los requisitos de entrega de la cosa debida, como obligación del constructor derivada del contrato de obra, y que no es otra que la identidad de la misma, ex art. 1166 y 1468 CC, por lo que no cabe la entrega de cosa distinta.

 

El constructor, pues, vendrá obligado a reparar, indemnizando al comprador por los daños y perjuicios causados, no con fundamento en la acción resolutoria, ni rescisoria, ni de sanear, sino de la petición de cumplimiento exacto de la obligación, como una de las modalidades que permite expresamente el artículo 1101 CC, según el cual quedan sujetos a la indemnización de los daños y perjuicios causados en el cumplimiento de sus obligaciones, no sólo los que incurran en dolo, negligencia o morosidad, sino también “los que de cualquier modo contravinieran el tenor de aquélla”, acción que bien pudiere haber sido la ejercitada.

 

Jaime Rodríguez-Piñero Cebrián

Abogado – Socio

[i] SSTS de 8 de junio de 1993 y de 21 de marzo de 1996

[ii] SAP Zaragoza, de 16 de noviembre de 2007

[iii] Prendes Carril, P., “El artículo 1591 CC tras la nueva Ley 38/1999, de Ordenación de la Edificación. Vigencia o derogación. Especial consideración a la ruina funcional”; Aranzadi, 2001, página 22.

[iv] Sentencia Tribunal Supremo de 30 de junio de 2005.

[v] No sólo las presunciones de culpa y nexo causal, sino también otros tantos como responsabilidad solidaria de los condenados y consiguientes inaplicabilidad de la excepción de litisconsorcio pasivo necesario; responsabilidad del promotor en todo caso; inversión de la carga de la prueba; responsabilidad por hecho ajenos, etc. En el ejercicio de la acción por incumplimiento contractual la carga de la prueba le corresponde al actor, tal y como ha afirmado la SAP Barcelona, de 17 de octubre de 2008.

[vi] Cadarso Palau, J. “La responsabilidad decenal de arquitectos y constructores”; Montecorvo, Madrid, 1976, página 108.

[vii] Izquierdo Tolsada, M. “Sistema de responsabilidad civil contractual y extracontractual”, Dykinson, Madrid, 2001, página 326.

[viii] Arnau Moya, F. “Los vicios de la construcción, su régimen en el Código Civil y en la Ley de Ordenación de la Edificación”, Tirant lo Blanch, Valencia, 2004, páginas 281 a 289.

[ix] Ruiz Rico, R. “Panorama general de las acciones utilizables por los sujetos afectados por vicios o defectos constructivos en la responsabilidad civil

[x] Gómez de La Escalera, C. “La responsabilidad civil de los promotores, constructores y técnicos por defectos de la construcción”, Bosch, Barcelona, 1994, páginas 147 a 181.

[xi] Sentencia del Tribunal Supremo de 2 de diciembre de 1994.

[xii] Artículo 121-20 CCCat.

[xiii] Artículo 121-23 CCCat.


separator


La indemnización en el contrato de Agencia

/ 0 Comments

El artículo 17.2.a) de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas de 18 de diciembre de 1986, relativa a la coordinación de los derechos de los estados miembros en lo referente a los Agentes Comerciales independientes (86/653/CEE), establece el derecho del agente comercial, tras la terminación del contrato, a una indemnización o compensación económica siempre que hubiera aportado nuevos clientes al empresario o hubiere desarrollado sensiblemente las operaciones con los clientes preexistentes, cuando dicha actividad pueda reportar todavía ventajas sustanciales al empresario y el pago de dicha indemnización fuese equitativo. Dicha normativa fue introducida en nuestro ordenamiento jurídico en el artículo 28 Ley 12/1992.

 

La Sentencia del Tribunal Supremo de 7 de abril de 2003 establece que la jurisprudencia de esa Sala viene declarando que la carga de la prueba de los presupuestos de la indemnización por clientela en el contrato de agencia corresponde a la parte que reclama la indemnización postcontractual (véanse SSTS de 16 de noviembre de 2000; 28 de enero de 2002 y 27 de enero de 2003, entre otras muchas).

 

La justificación de dicho derecho a indemnización nace, indudablemente, no ya de un enriquecimiento del empresario, que en cualquier caso no se encuentra carente de causa, sino más bien del hecho de que lo que hasta el momento de la extinción supone un enriquecimiento compartido por empresario y agente, pasa exclusivamente a favor del primero, que vendría a aprovechar, ahora en exclusiva, el fruto del esfuerzo compartido.

 

En todo caso, las anteriores Sentencias del Tribunal Supremo establecen como requisitos necesarios para el nacimiento de tal derecho:

 

  • Que el agente haya aportado nuevos clientes o, aunque tal aportación no se haya producido, que haya incrementado sensiblemente las operaciones con la clientela preexistente. Dicho requisito ha de ser interpretado en el sentido de que el incremento de operaciones constituye un elemento necesario y común a ambos supuestos, pues carecería de razón en caso contrario y daría lugar paradójicamente al nacimiento del derecho cuando se han perdido más clientes de los que se han aportado.

 

  • Que la actividad anterior pueda continuar produciendo ventajas sustanciales al empresario. Importa destacar que para que pueda estimarse concurrente este requisito es preciso demostrar que concurre la situación de aprovechamiento, o de pronóstico razonable, es decir, los datos o elementos que permitan sentar el juicio de probabilidad cualificada, pues, como reitera la doctrina del Alto Tribunal, no puede presumirse sin más el aserto, incumbiendo el onus probando al agente que lo sostiene.

 

  • Que la indemnización resulte equitativamente procedente por la existencia de pactos de limitación de competencia, por las comisiones que pierda el agente o por las demás circunstancias que concurran.

 

Los referidos requisitos, según se desprende del tenor literal de la Ley, han de concurrir de forma acumulativa. Tales requisitos, incluso antes de la promulgación de la Ley 12/1992, de 27 de mayo, que procura la incorporación al Derecho español del contenido de la Directiva 86/653/CEC, de 18 de diciembre de 1986, han sido reconocidos por la jurisprudencia del Tribunal Supremo en Sentencias, entre otras, de 22 de marzo de 1988, 17 de marzo y 27 de mayo de 1993; 25 de enero de 1996; y 14 de febrero y 31 de diciembre de 1997.

 

En ese mismo sentido se pronuncia la luminosa Sentencia del Tribunal  Supremo, Sala 1ª, de 26 de junio de 2007:

 

La pretensión de indemnización de clientela prevista en el art. 28 LCA tampoco puede ser estimada porque… la prosperidad de la solicitud, aparte de la extinción del contrato sin concurrencia de supuesto de exclusión, exige acreditar los presupuestos establecidos en el art. 28 LS, a saber: a) captación de nuevos clientes o incremento sensible de las operaciones de la clientela preexistente; b) que la actividad anterior pueda continuar produciendo ventajas sustanciales al empresario, lo que ha sido ponderado por la jurisprudencia como un pronóstico razonable de aprovechamiento económico; y c) que la compensación resulte equitativamente procedente por la existencia de pactos de limitación de competencia, por las comisiones que pierda el agente o por las demás circunstancias que concurran… El art. 28 LCA se infringe si, dados los hechos históricos concordantes con los abstractos normativos, no se aplica el efecto jurídico correspondiente, pero no hay violación cuando falta la base fáctica a subsumir en el precepto

 

La indemnización por clientela trata, en definitiva, de remunerar o compensar una labor de creación de clientela; y se hace referencia a la susceptibilidad por el empresario de poder continuar disfrutando y favoreciéndose de la misma. Por otro lado, la ponderación equitativa a que hace referencia la norma se refiere tanto a la procedencia de la indemnización como a la determinación de su cuantía valorando las circunstancias concurrentes y tipificadas.

 

 

 

 

 

Jaime Rodríguez-Piñero Cebrián

Socio – Abogado

 


separator